En un claro retroceso del sistema democrático, que nos rige desde el año 1983, en el dia de ayer se aprobó la ley antiterrorista, reclamadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De esta manera se incorporan al Código Penal como delitos, acciones destinadas a afectar el orden económico y financiero, castigando con severidad todas "las actividades delictivas con finalidad delictiva".Pedro Gustaviano, presidente de la comisión de justicia, del Frente para la Victoria defendió las iniciativas dirigidas a penar los delitos bursátiles y las maniobras de financiación del terrorismo. A su vez sostiene que las nuevas leyes buscan "dar mayor transparencia a la actividad bursátil, a la actividad de los mercados", puniendo "el manejo de Información privilegiada que no era pública" para realizar maniobras que desestabilicen la economía del país".Desde la oposición, el radical Ernesto Sanz fue la voz de bloque al indicar que las reformas "no van a resolver las desviaciones del sistema financiero" y que el proyecto de antiterrorismo, "como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la justicia". El socialista Rubén Giustiniani, senador del Frente Amplio Progresista afirmó que es "paradójico que en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia".La aprobación del proyecto, que fue enviado al Parlamento por el Ejecutivo, también era reclamada desde el Grupo de Acción Financiera Internacional, que amenazó con declarar a la Argentina "país no seguro". La ley establece penas de 5 a 20 años de reclusión o prisión "al que tomara parte" de una asociación ilícita destinada a "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".La norma es rechazada por los organismos de Derechos Humanos, que ven en la disposición un claro propósito represivo. En una declaración, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sostiene que la ley "establece gravísimas modificaciones regresivas" al Código Penal. La entidad, una de las más antiguas en la defensa de los Derechos Humanos del país, apuntó que "se abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental
jueves, 22 de diciembre de 2011
Aprueban Ley Antiterrorista
En un claro retroceso del sistema democrático, que nos rige desde el año 1983, en el dia de ayer se aprobó la ley antiterrorista, reclamadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De esta manera se incorporan al Código Penal como delitos, acciones destinadas a afectar el orden económico y financiero, castigando con severidad todas "las actividades delictivas con finalidad delictiva".Pedro Gustaviano, presidente de la comisión de justicia, del Frente para la Victoria defendió las iniciativas dirigidas a penar los delitos bursátiles y las maniobras de financiación del terrorismo. A su vez sostiene que las nuevas leyes buscan "dar mayor transparencia a la actividad bursátil, a la actividad de los mercados", puniendo "el manejo de Información privilegiada que no era pública" para realizar maniobras que desestabilicen la economía del país".Desde la oposición, el radical Ernesto Sanz fue la voz de bloque al indicar que las reformas "no van a resolver las desviaciones del sistema financiero" y que el proyecto de antiterrorismo, "como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la justicia". El socialista Rubén Giustiniani, senador del Frente Amplio Progresista afirmó que es "paradójico que en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia".La aprobación del proyecto, que fue enviado al Parlamento por el Ejecutivo, también era reclamada desde el Grupo de Acción Financiera Internacional, que amenazó con declarar a la Argentina "país no seguro". La ley establece penas de 5 a 20 años de reclusión o prisión "al que tomara parte" de una asociación ilícita destinada a "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".La norma es rechazada por los organismos de Derechos Humanos, que ven en la disposición un claro propósito represivo. En una declaración, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sostiene que la ley "establece gravísimas modificaciones regresivas" al Código Penal. La entidad, una de las más antiguas en la defensa de los Derechos Humanos del país, apuntó que "se abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental
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