La iniciativa del Gobierno de colocar camaras filmadoras en las escuelas publicas de la Ciudad, que no cuentaba con el apoyo de los docentes, tampoco de los padres y de los alumnos, ahora la justicia tambien le dijo no, la jueza Elena Liberatori adoptó la decisión en respuesta a la presentación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos, en respaldo de los padres de cuatro niñas que asisten a dos establecimientos de la ciudad. "Poner cámaras es una visión criminalizante sobre las escuelas” afirmó Demian Konfino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. “La jueza indicó que está bien para preservar los bienes públicos, pero no se puede avanzar sobre derecho la intimidad. El Ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro informó que apelan la medida a la que calificó como un absurdo. Una vez más el ejecutivo porteño no acepta las decisiones de la justicia y las desacalifica de forma irrespetuosa.
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